¿Qué es el ALCA?


¿En qué se parece el ALCA al TLC?


¿De qué manera ha afectado el TLC a los trabajadores en México y los Estados Unidos?


¿Cómo ha afectado el TLC a la salud pública y al medio ambiente en México y los Estados Unidos?


¿Quiénes están involucrados en las negociaciones del ALCA y cómo comenzó?


¿Cuales serán los efectos prácticos del ALCA?


¿Cómo afectará el ALCA al desarrollo?


¿Cuál es el estatus actual de las negociaciones del ALCA?


¿Cuales son las alternativas?


¿Qué puedo hacer para ayudar?

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El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es el nombre oficial con que se designa la expansión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ó TLC) a todos los paises de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, excepto Cuba. Las negociaciones comenzaron inmediatamente después de la entrada en vigor del TLC en 1994 y se espera que concluyan en 2005. Los Estados Unidos están presionando para que se adelante la fecha a 2003.

La Declaración Ministerial de San José sobre el ALCA se basa en las reglas del TLC, como guía para las negociaciones. El ALCA pretende imponer el fracasado modelo de libre comercio, privatización y desregulación del TLC en todo el hemisferio. Los nueve grupos de negociación corresponden muy cercanamente a los capítulos del TLC, que cubren los temas de: agricultura, política de competencia, resolución de controversias, compras del sector público, derechos de propiedad intelectual, inversión, acceso al mercado, servicios, subsidios y anti-dumping. El ALCA reuniría todos los efectos negativos del TLC, experimentados en Canadá, Estados Unidos y México en los últimos siete años, extendiéndolos a 34 paises más. Las reglas del TLC darían a las corporaciones el poder de limitar la capacidad de los gobiernos para establecer normas de salud y seguridad pública, para proteger los derechos de sus trabajadores y para asegurar que las corporaciones no contaminen las comunidades en las que operan. Estas reglas atarían las manos de los gobiernos, impidiéndoles realizar políticas en el interés público y aumentarían el control de las corporaciones contra los intereses de los ciudadanos de todas las Américas.

Cuando el TLC estaba en discusión, sus defensores prometieron grandes incrementos en el número de empleos en ambos lados de la frontera. Esto no ha sucedido. Se estima que en los Estados Unidos se han perdido medio millón de empleos desde la entrada en vigor del tratado, ya que las compañías han trasladado sus centros de producción a México para sacarle ventaja a las normas laborales menos estrictas y a los bajos salarios. Los salarios de los nuevos empleos para los trabajadores en los Estados Unidos tienen un promedio de valor equivalente al 77% del correspondiente a los empleos anteriores al tratado. En particular, la gente de color ahora trabaja más por menos. Además, los esfuerzos para sindicalizarse son frecuentemente frustrados mediante las amenazas de transferir la producción a otro país. Los efectos combinados de la devaluación del peso en 1994 y la apertura de la frontera para aumentar las importaciones desde los Estados Unidos bajo el TLC han devastado la economía mexicana, y han llevado a 8 millones de familias de clase media hacia la pobreza. Hoy, más de un millón adicional de mexicanos trabaja por menos del salario mínimo de $3.40 al día que antes del TLC. Aproximadamente 28,000 pequeños negocios han quebrado en México debido a la entrada de las compañias extranjeras. El ALCA aceleraría esa caída de los estándares laborales, y dispersaría estos efectos negativos por todo el hemisferio. Bajo el ALCA, las compañías que busquen acceso libre de tarifas a los Estados Unidos pondrán a los trabajadores mexicanos en competencia con trabajadores aun más desesperados en Haití, Guatemala o Brasil, devaluando los estándares laborales a niveles aun peores.

México, al igual que la mayoría de los paises latinoamericanos,carece de leyes ambientales efectivas, ó, cuando menos, de la capacidad para hacer que se cumplan. El aumento de las manufacturas a lo largo de la región fronteriza ha exacerbado los riesgos a la salud pública y al ambiente. Cada día se dispone impropiamente de 44 toneladas de deshechos peligrosos en la región fronteriza. Debido a la falta de tratamiento de los drenajes, así como a la carencia de agua potable, ha aumentado la incidencia de enfermedades como la hepatitis, a dos o tres veces el promedio nacional. Las malformaciones congénitas aumentaron dramáticamente desde que el TLC entró en vigor. En diciembre [de 2000], un empleado de una maquiladora en Matamoros testificó ante una audiencia del TLC que su hijo nació con espina bífida, un tumor en la medula espinal, corazón agrandado y rodillas sin patella. Dicho empleado forraba manubrios para automóviles y pasó cinco años aplicando pegamentos a las cubiertas de piel con las cuales realizaba esa operación, hasta que lo despidieron en 1998. El modelo de desarrollo insustentable basado en la exportación también está acabando con los ecosistemas en México. Desde la puesta en vigor del TLC en 1994, 15 compañías madereras estadounidenses han iniciado operaciones en México, y la tala se ha incrementado dramáticamente. En el estado de Guerrero, la tala masiva ha ocasionado la erosión del suelo y la destrucción del habitat. Situaciones similares de destrucción han ocurrido por todo México, Estados Unidos y Canadá.

En plena victoria del TLC, políticos estadounidenses organizaron la Cumbre de las Américas en Miami, en diciembre de 1994. Los ministros de Comercio de todos los paises del hemisferio occidental, excepto Cuba, acordaron lanzar negociaciones para establecer un pacto hemisférico de libre comercio. Después de la "Cumbre de Miami", no se hizo mucho sino hasta abril de 1998, cuando se llevó a cabo la "Cumbre de Santiago". En esta cumbre, las 34 naciones crearon un Comité de Negociaciones Comerciales (TNC, por sus siglas en inglés), encabezado por el Dr. Adalberto Rodriguez Giavarini de Argentina, y consistía de un vice-ministro de comercio de cada país. Desde 1999, ha habido reuniones de los grupos de trabajo del ALCA cada cierto número de meses, para establecer las posiciones de sus respectivos paises. Organizaciones no-gubernamentales (ONGs) exigieron que se incorporaran también grupos de trabajo para democracia, derechos humanos y laborales, protección al consumidor y medio ambiente. Estos grupos fueron rechazados, y se estableció un Comité de Representantes Gubernamentales de la Sociedad Civil. Sin embargo, este comité es apenas poco más que un apoyo para una buena gobernabilidad. No poseé mecanismos reales para incorporar los intereses verdaderos de la sociedad civil en las negociaciones.

Tal como sucedió en el caso del Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI, por sus siglas en inglés), son pocos los miembros del congreso de los Estados Unidos que estan enterados si quiera de que estas negociaciones se estan llevando a cabo. Después de la sana derrota del Fast Track en 1997, el Congreso todavía tiene que establecer la pauta para la participación de los Estados Unidos en estas pláticas. Sin embargo, varios comités de corporaciones ya están, de hecho, aconsejando a los negociadores estadounidenses; bajo el sistema del comité consultatorio de comercio, más de 500 representantes de corporaciones tienen acceso a los documentos del ALCA, mientras se niega dicho acceso al público. Además, ciertas organizaciones, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para Latinoamerica y el Caribe de las Naciones Unidas (ECLAC, por sus siglas en inglés), conocidas conjuntamente como la "Comisión Tripartita", también dirigen a los negociadores estadounidenses.

Servicios Sociales Esenciales en Peligro: Basado en el modelo del Acuerdo General Sobre Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de Comercio, el ALCA incluirá compromisos de "liberalizar" servicios como la educación, la salud, los recursos naturales (incluso el acceso al agua!), la energía y el corréo. Los efectos posibles del ALCA sobre los servicios incluyen:

• La eliminación de estándares nacionales de títulos médicos, legales y de otras profesiones claves, permitiendo que los doctores con títulos en un país puedan practicar en cualquier país del área, aunque su nivel de entrenamiento sea diferente;
• La privatización de escuelas públicas y prisiones, como en los Estados Unidos, abriendo las puertas para un mayor control corporativo, para mayor corrupción y para aumentar ganancias a costa de normas específicas, como el servicio médico a los reclusos ó el mantenimiento de instalaciones escolares seguras; y
• La privatización del corréo, mediante la transferencia del Servicio de Correos a unas cuantas compañías, como FedEx, las cuales entonces podrían incrementar las cuotas postales considerablemente.

Inversiones y MAI por la "puerta trasera": El ALCA proporciona una "puerta trasera" para el Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI) a través de las negociaciones sobre inversiones y liberalización del sector financiero. Basado en el modelo del capítulo 11 del TLC, el ALCA incluirá demandas de inversionista a estado. ƒstas autorizan a las corporaciones a demandar a los gobiernos en "cortes corporativas" secretas por cualquier acto que afecte, incluso indirectamente, sus ganancias, por ejemplo, la exigencia en el cumplimiento de leyes de salud pública. En otras palabras, el ALCA proporcionaría una cláusula de "reglamentación" hemisférica que explícitamente valúe las ganancias de las corporaciones por encima del costo humano y ambiental. Algunos casos del TLC que puedan serir como precedentes para las acciones del ALCA bajo estas estipulaciones incluyen:

• La cadena funeraria del grupo Lowen usó la protección del TLC para demandar al gobierno federal de los Estados Unidos por $750 millones en efectivo, por daños relacionados con el veredicto de una corte de Mississippi, que encontró culpable a una compañía canadiense por prácticas fraudulentas y maliciosas injustamente dirigidas contra los negocios funerarios locales. El TLC autoriza a corporaciones a demandar a los gobiernos por encima de los veredictos legales ó reglamentaciones que puedan afectar sus ganancias. En este caso, Lowen alega que la acción legal de la corte estatal para proteger a los pequeños negocios de las estrategias injustas de las corporaciones viola los derechos que les confirió el TLC.
• La Ethyl-Corporation estadounidense forzó que Canadá pagara $13 millones por daños, eliminara su prohibición del peligroso aditivo para gasolina MMT, una conocida toxina que ataca el sistema nervioso humano. En un caso similar, la corporacion canadiense Methanex está retando la prohibición de MTBE en California, otro aditivo tóxico para la gasolina, y exige que se le pague $970 millones.
• La empresa estadounidense Metalclad Corp. demandó al gobierno de uno de los estados de Méxicano para que le permita abrir un sitio de tratamiento y disposición de desechos tóxicos. [El gobierno estatal había ordenado la suspensión de dicho proyecto a raíz de la inconformidad de los residentes de la localidad y con base en un estudio ambiental que declaró esa zona como parte integrante de una zona ecológica sensitiva.] La compañía argumenta que tales medidas de zonificación ambiental constituyen una expropiación de los bienes de la compañía, una expropiación que, bajo los derechos de propiedad extendidos por el TLC (y a ser perpetuados por el ALCA), obliga al gobierno en cuestión a compensar a la compañía.

Alimentos, Agricultura y Organismos Genéticamente Transformados (OGTs): Los Estados Unidos están tratando de forzar que todos los paises a acepten la biotecnología y los alimentos genéticamente transformados, sobre los cuales las corporaciones estadounidenses han tomado la delantera. Sin embargo, por todo el mundo las organizaciones destinadas a procurar la seguridad alimentaria de la población están de acuerdo en que el uso universal de estas tecnologías resultaría en más hambre en las naciones pobres. Al ser forzados a comprar semillas patentadas a altos costos cada estación, en vez de guardar y plantar las semillas propias, los agricultores tradicionales de los paises en desarrollo se volverán dependientes de las corporaciones transnacionales, lo que los llevará al borde de la muerte por inanición. Si gana la posición de los Estados Unidos, el ALCA pondría los intereses de los gigantes de la biotecnología y agroindustria, como Archer Daniels Midland (ADM), Cargill y Monsanto, antés de los intereses de la gente hambrienta de los paises en desarrollo.

Derechos de Propiedad Intelectual: Los Estados Unidos estan tratando de expander las reglas del proteccionismo corporativo del TLC en materia de patentes al resto del hemisferio. Estas reglas otorgan a la compañía poseedora de una patente en un país el monopolio del mercado del producto correspondiente en toda la región abarcada por el tratado. Las faltas a estas reglas se pagan en efectivo y con cargos criminales, lo que las hace aún más severas que las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Estas reglas han sido usadas por las compañías farmacéuticas como justificación para invalidar los mecanismos obligatorios mediante los cuales las compañías competidoras pueden producir una droga a cambio del pago por el "alquiler" de la patente. Este control monopolístico permite que las corporaciones farmacéuticas mantengan los precios altos de las medicinas y bloquearía la producción de versiones genéricas de drogas vitales, lo cual resultaría en un desastre para los enfermos y los pobres, especialmente en las naciones en desarrollo. Estas reglas también permiten a las compañías practiquen la "bioexploración" y aseguran patentes sobre medicinas tradicionales que son consideradas como parte del conocimiento tradicional de los pueblos, robándoles a los indígenas su herencia cultural y engrosando el bolsillo de las corporaciones. Si el ALCA es degradante socialmente, económicamente y ambientalmente, ¿por qué es que todos los paises del hemisferio occidental la están negociando?

No todos pierden en acuerdos de "libre comercio". Las corporaciones y los grandes negocios de todos los paises participantes ganan de un sistema que pone sus intereses antes de cualquiér otro. Los políticos estadounidenses y de otros paises frecuentemente invierten en, ó reciben contribuciones de las corporaciones beneficiadas, por lo cual tienen intereses personales en juego.

Nuestro hemisferio se caracteriza por enormes desigualdades, tanto entre los paises como dentro de los mismos. Los Estados Unidos tienen un producto interno bruto (PIB) igual al 75% del total de bienes y servicios producidos en todo el hemisferio. Su capacidad para mobilizar recursos tecnológicos y capital es mucho mayor que la de los paises del sur. Por lo tanto, los acuerdos de comercio deben incluir una estrategia balanceada y sostenible para la integración social, y el problema de la deuda externa debe abordarse como parte de dicha estrategia. La deuda externa aun tiene un efecto dañino en la economía de la mayoría de los paises del ALCA, pues reduce sustancialmente la capacidad de los gobiernos para invertir en áreas claves del desarrollo, tales como vivienda, salud, educación y medio ambiente. Los gobiernos se ven obligados a desviar los escasos recursos financieros hacia el pago de la deuda y sus intereses. El ALCA asentará y creará las estructuras legales para hacer cumplir los programas de ajuste implementados en la región por las últimas dos décadas.

Si el TLC y el Mercosur son una ejemplo de lo que les espera a los paises del Sur global, entonces el ALCA sólo obstacularizará su desarrollo sustentable y equitativo. Tanto el TLC como el Mercosur contienen medidas de desregularización de la inversión extranjera, lo que dificulta la posibilidad de adecuar la inversión a las necesidades locales. Por lo general, las reglas que impulsan la inversión extranjera están en conflicto directo con las políticas locales de desarrollo económico. Una condición comunmente incluida en acuerdos internacionales sobre inversión es el llamado "trato nacional", que estipula que los inversionistas extranjeros sean tratados como si fueran nacionales. Leyes que limitan el uso de pastos ó aguas de pesca a los ciudadanos nacionales, por ejemplo, ó que prohiben a extranjeros obtener en propiedad servicios domésticos violan el principio del "trato nacional". Si los estados no pueden regular la inversión extranjera, entonces no podrán implementar una política de desarrollo coordinado. Se verán forzados a seguir bajando los salarios, a degradar más las condiciones laborales, y las normas en materia ambiental, todo en un esfuerzo desesperado para atraer más capital internacional.

Todos los grupos de negociación han llevado a cabo reuniones cada dos ó tres meses durante todo el año 2000. Los negociantes han postulado las posiciones de sus gobiernos en lo referente a los nueve puntos centrales. En otoño del 2000 estaban por consolidar el borrador del acuerdo. La siguiente Cumbre de las Américas, a nivel de los ministros de las naciones participantes, se realizó del 18 al 22 de abril de 2001 en la ciudad de Quebec, Canadá. En esta junta, se elaborará el texto final. El acuerdo se completará é implementará en 2005.

Quienes hacen las políticas, así como los "expertos" en la materia, frecuentemente argumentan que la globalización corporativa es un fenómeno natural. Nada podría ser más falso. De hecho, el actual proceso económico conocido como "la globalización" ha sido definido y dirigido por un número reducido de corporaciones. Ciudadanos de todas partes del mundo están creando una alternativa: una globalización de la gente común - una globalización popular - que pone a la justicia económica, social y política como punto central del comercio y la inversión. Grupos de ciudadanos en todo el hemisferio occidental han escrito un "Acuerdo Alternativo de las Américas", que ofrece normas para la construcción de dicho comercio con responsabilidad social y sustentabilidad ambiental.

Esta propuesta estipula que los gobiernos deben retener el derecho a imponer requerimientos de desempeño a los inversionistas, así como a mantener medidas de protección para los productores pequeños y medianos y para los sectores claves de sus planes nacionales de desarrollo. Los estados tienen el derecho y la responsabilidad de proteger la seguridad alimentaria (por ejemplo, mediante la exclusión de granos básicos de las medidas de liberalización del mercado). Cualquier pacto económico de dimensiones hemisféricas deberá reforzar, en vez de minar, acuerdos de reconocimiento internacional, tales como las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Para Eliminar Toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres, de las Naciones Unidas, y la Convención Interamericana Sobre los Derechos Humanos. El proceso para desarrollar políticas económicas deben democratizarse, abriendo las negociaciones a todos los pueblos del hemisferio, no sólo a una élite reducida de inversionistas estrechamente ligados entre sí. La estabilidad futura de la región depende de ésto.

Tal como la gente, actuando conjuntamente, detuvo el MAI, el Fast-Track y la WTO en Seattle, de la misma manera podemos detener este nuevo acuerdo corporativo de arrebatos de poder. Los que hacen las políticas deben atender al llamado de un nuevo proceso, abierto y democrático, para el desarrollo de políticas económicas. Actualmente, la gente en todos los paises de las Américas están exigiendo que sus gobiernos renuncien a sus posiciones de negociación y hagan público el texto del acuerdo en preparación. Varias coaliciones están planeando manifestaciones a nivel de todo el hemisferio para el 21 de abril, día en que las cabezas de los gobiernos se reunirán en la ciudad de Quebec para impulsar el ALCA.

(Esta ponencia de Global Exchange se basa en la información proporcionada por Global Trade Watch de Public Citizen).