"Apoyaremos a cualquier candidato que siga defendiendo Familias en Acción, porque le gusta mucho a la gente", dice Alberto Gutiérrez, un líder cívico de Putumayo. Como él, cientos de dirigentes de todo el país asisten a las reuniones de los candidatos presidenciales, levantan la mano para preguntar si este programa tendrá continuidad en caso de que el próximo presidente no sea Álvaro Uribe y prevén que su prolongación será uno de los ejes del debate electoral en las regiones.



Familias en Acción se puso en marcha en el gobierno de Andrés Pastrana con recursos del BID, el Banco Mundial y el Plan Colombia. Inspirado en experiencias en el continente, como Bolsa Familia en Brasil y el Programa Progreso, de México, propuso un esquema de apoyo económico a los más pobres. Así, desde un comienzo otorga subsidios monetarios para las familias incluidas en el Sisbén 1 y 2, a cambio de que los padres les hagan controles de crecimiento y desarrollo a los niños menores de 7 años. Adicionalmente, establece subsidios para las madres que garanticen la asistencia de sus hijos a planteles educativos. 



La mayoría de evaluaciones a esta iniciativa demuestran resultados positivos. Entre ellos, una mejoría en la tasa de enrolamiento escolar de los adolescentes y en el crecimiento y la nutrición de niños entre 0 y 6 años que viven en zonas rurales. A pesar de ello, el programa ha recibido algunas críticas por parte de miembros de la oposición y reconocidos académicos que señalan que -a largo plazo y combinado con otros subsidios- puede terminar por incentivar que las madres solteras tengan más hijos o que los beneficiarios se queden en la informalidad. "Estos programas deben contemplar mecanismos de salida de los beneficiarios. El problema con Familias en Acción es que existe una asimetría muy complicada: meter a la gente es muy fácil, sacarla es casi imposible" dice, por ejemplo, Alejandro Gaviria, decano de economía de la Universidad de los Andes. 



Pero más allá de los indicadores sociales y económicos, en los últimos meses han aumentado los cuestionamientos acerca de las ventajas electorales que el programa podría traerle al presidente Uribe, durante la campaña del referendo y luego durante las elecciones presidenciales. Las críticas de los opositores, entre los que también se encuentran candidatos presidenciales como Cecilia López y Rafael Pardo, han estado sustentadas en el hecho de que Familias en Acción es una iniciativa asociada directamente con la Casa de Nariño y el Presidente se ha encargado de mostrarla como una de sus programas bandera. Así, recuerdan cómo en marzo del año pasado, en medio de un consejo comunitario en Magangué, Uribe le pidió a Planeación y al Ministerio de Hacienda más recursos para duplicar el número de beneficiarios contemplados en el Plan de Desarrollo, para llegar a tres millones antes de finalizar 2009. "Hay cosas para las cuales plata tiene que haber. Haya o no haya, tenemos que conseguirla, pero hay que financiar tres millones de Familias en Acción. Porque esto es: a los bandidos, madera; y a los pobres, cariño. Pero que se vea", dijo el Presidente en ese entonces. 



Otro de los elementos en que los críticos del manejo de Familias en Acción sustentan sus argumentos, es en la incertidumbre que generan las cifras del Sisbén. Para muchos, que existan 29 millones de colombianos en este sistema de información, significa que en el país hay más pobres de lo que se dice o que, como lo afirma la senadora Cecilia López, "los datos del Sisbén están mal y hay cinco millones de personas coladas para recibir beneficios del gobierno como Familias en Acción".



Según Alejandro Gaviria, "en muchos lugares no hay más familias de Sisbén 1 y 2 para meter en el programa, entonces están incluyendo familias de Sisbén 3 y más. La meta de tres millones se fijó políticamente. Nunca estuvo basada en un escrutinio detallado de las necesidades reales". 



Hasta ahora, las evidencias del manejo político de Familias en Acción no van más allá de los pronunciamientos presidenciales en los consejos comunitarios, los rumores de que algunos congresistas cercanos al gobierno tuvieron cuotas en el programa y en el hecho de que aumentar los cupos fuera parte de la publicidad del Partido Conservador en las pasadas elecciones regionales. Sin embargo, y aunque el consejero para la Acción Social Luis Alfonso Hoyos, ha insistido en que no hay populismo ni improvisación, vale la pena asumir las críticas a manera de advertencia. 



En países como México, donde nacieron estos programas, se prohibió la ampliación de su cobertura seis meses antes de las elecciones. En Colombia no se ha contemplado algo similar pero ahora, más que nunca, tendría sentido hacerlo. Al fin y al cabo, si una tercera reelección se hace factible, la legitimidad de las políticas de subsidios también dependerá de la posibilidad de blindarlas ante el riesgo de que sean vistas como instrumentos electorales del gobierno.