El gobierno y pueblos de México han hecho un impresionante esfuerzo por garantizar que las siguientes elecciones sean libres y creíbles. Las reformas electorales han atravesado un largo trecho para asegurar que el proceso electoral no pueda ser corrompido por una organización política u otra. El IFE en particular merece gran parte del crédito por preparar una lista exacta, muy exacta de los electores, para proporcionar a cada uno su credencial con fotografía, por reclutar y capacitar a cientos de miles de ciudadanos voluntarios para vigilar el proceso de voto en casillas electorales y correr el mensaje de que será un voto libre y secreto. Estos esfuerzos comienzan a aparentar frutos en la percepción generalizada de la gente en muchos lugares donde el proceso de voto y tabulación de resultados se hará de manera equitativa y profesional.

A pesar de estos avances, el IFE enfrenta serios límites, incluyendo los siguientes:

• La creación de un sistema electoral creíble no sólo depende del profesionalismo del órgano electoral, sino en la certeza de que las infracciones al código electoral serán efectivamente consignadas. Mientras que la FEPADE, aparentemente demuestra un alto grado de profesionalismo, sus recursos están severamente limitados y tienen una actitud muy defensiva en lugar de un enfoque propositivo para el castigo de delitos electorales. El proceso de llevar una queja oficial es complicado, requiere tiempo y para ciudadanos ordinarios se relaciona con el prospecto intimidatorio de tener que enfrentar a la policía y a la censura social o algo peor. Aún, el Tribunal Federal Electoral reconoce muy pocas quejas en la última elección presidencial y encontramos poca confianza en recurrir al Tribunal como medio efectivo de desaliento a las violaciones electorales.

• Mientras que las reformas al financiamiento de campañas representan un avance con respecto a algunas reglamentaciones prevalecientes en EE.UU., por ejemplo, aún existe poco control sobre gastos privados y un marco poco creíble para el monitoreo de violaciones de financiamiento de campaña. La ley prevé pocas sanciones, ninguna de las cuales conlleva a la pérdida de la posición como resultado de las violaciones.

• El IFE, a llevado a cabo extensos estudios de monitoreo de radio y televisión de cobertura de candidatos. Sin embargo, persisten evidencias de la cobertura desproporcionada sin recursos apegados a la ley en caso de manipulación de los medios. El IFE en sí encara dificultades en su intento de obtener tiempo de transmisión tradicionalmente asignado a la organización, para presentar spots de educación cívica al público. En esta instancia, fue perturbadora la actitud de rechazo por parte de la Secretaría de Gobernación a intervenir en la decisión de la Cámara de la Industria de la Radio u Televisión (CIRT), respecto al asunto.

• Al nivel local, el IFE a llevado a cabo reclutamiento y capacitación de miles de ciudadanos funcionarios de casilla. Ha desarrollado un sistema sofisticado para asegura que ciudadanos imparciales y capacitados controlaran el proceso electoral. El sistema tiene mejoras significativas respecto a la presencia de representantes de partidos registrados y otros observadores en las casillas. Sin embargo, encontramos durante nuestra visita en varios estados que aún hay razón para dudar. No hay materiales electorales en lenguas indígenas. Esto representa un serio impedimento a la concientización del público en varias comunidades. Incluso donde el español es la lengua dominante, parece que la campaña de información no a alcanzado a la ciudadanía en algunas áreas remotas. Donde hay pocos ciudadanos calificados, el IFE a encontrado muchas dificultades en detectar y capacitar a voluntarios. En comunidades aisladas o, donde el control político ha sido tradicionalmente sujetado por pocos individuos, las presiones a voluntarios, pueden ocasionar substituciones que en efecto den control del proceso electoral a un grupo reducido de ciudadanos. Dadas las preocupaciones en torno a la receptividad del Tribunal Federal Electoral, estos hechos dan razón para preocuparse en una contienda particularmente cerrada.

• En varios de los estados que visitamos, el nivel de militarización se acompañaba de la posibilidad de que muchos ciudadanos se sintieran inhibidos a votar. En comunidades indígenas de Chiapas, donde existen muchas comunidades de personas desplazadas, encontramos seria preocupaciones sobre la ubicación de casillas electorales. Varios demostraron ansiedad porque las casillas electorales eran ubicadas en comunidades que son hostiles hacia ellos o, estaban a gran distancia de los campamentos ellos viven. Otros expresaron su temor de que los retenes y campamentos militares pudieran socavar sus esfuerzos de llegar a las casillas electorales durante el día de la jornada. En varios estados había preocupación de que la violencia reciente y la presencia de grandes destacamentos policiacos o militares inhibirían la votación.

• Otra gran preocupación que fue considerada por los observadores y miembros de partidos de oposición, era que los fondos públicos posiblemente se utilizarían para sesgar o persuadir el voto. En tanto algunas de dichas prácticas son parte de cualquier campaña y representa únicamente las "ventajas de la titularidad", otras son cuestionables o claramente ilícitas. En nuestras visitas a los estados escuchamos testimonios de que los recursos públicos eran utilizados en campañas públicas. También recibimos quejas respecto a la presión a que es objeto los receptores de dichos recursos para votar por un partido u otro. Nos fue imposible determinar que tan frecuentes son dichas prácticas, pero fue claro que las comunidades pobres rurales son particularmente vulnerables a tal manipulación. El IFE carece de recursos para monitorear el mal uso de fondos públicos y el sistema de documentación de quejas ante las autoridades aún es débil, como es mencionado anteriormente. Sólo por esta razón el Congreso estableció una Comisión Especial para monitorear esta situación, particularmente respecto al programa PROGRESA. El reporte de esta Comisión sobre el uso de que este programa en el Estado de Nayarit evidenció que era necesario monitorearlo de cerca para evitar que fuera manipulado con fines partidistas.

• La ley electoral prevé a los observadores internacionales bajo la figura oficialmente reconocida "visitantes extranjeros", acreditados por el IFE y otorgándoseles visas especiales para el propósito de llegar a conocer el proceso electoral. Algunos de nuestra delegación sufrieron seria dificultades para obtener la visa necesaria, a pesar de la buena disposición del IFE. El líder de la delegación, Ted Lewis de Global Exchange, fue proscrito del país durante nuestra estadía, minando gravemente los esfuerzos de la organización para proveernos con todas las facilidades que necesitáramos para realizar un estudio serio del proceso preelectoral. Esta delegación será seguida de otras delegaciones, compuesta por ciudadanos de otros países interesados en apoyar el proceso democrático en México. Es nuestro deseo sincero que el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación den lo pasos que permitan asegurar a futuros visitantes el otorgamiento de visas pronta y expeditamente.

Concluimos que existen muy serios desafíos de cara al proceso de democratización en México. Sin embargo, también encontramos un deseo sincero por parte de la mayoría de los ciudadanos con quienes hablamos por participar en elecciones y, en muchas partes del país, la esperanza real de que el proceso electoral sea libre y genere resultados limpios y honrados.