El grupo de Guerrero, estuvo en Chilpancingo durante un día y medio. Luego viajamos a La Montaña, donde visitamos Tlapa y otras cuatro comunidades. Hablamos con funcionarios estatales y distritales del IFE y consejeros; representantes de PRI, Alianza por México, y el PAN; miembros de la prensa; representantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; y el Secretario de Gobierno del Estado. También nos reunimos con Florencio Salazar, quien recientemente renunció al puesto de Subsecretario de Gobierno de Guerrero para convertirse en Director de reclutamiento para la Alianza por el Cambio.

1. El IFE y la Administración de las elecciones.

Los funcionarios del IFE de Guerrero son catedráticos dedicados, principalmente maestros y profesores. Tienen confianza en que el IFE es percibido cada vez más como una organización independiente. Sin embargo, tienen varias inquietudes que incluyen: 1) La capacidad de los partidos políticos, particularmente el PRI de comprar votos en áreas rurales, especialmente entre mujeres de pueblos indígenas; 2) Irregularidades en la selección de funcionarios de casilla, 3) Una distinción borrosa entre funcionarios públicos y activistas de partido y; 4) El fracaso de individuos y partidos de hacer uso efectivo para documentar quejas cuando existan reclamos de irregularidades electorales.

El IFE estatal a dado varios pasos para garantizar las elecciones libres. En Marzo del 2000, hizo declaraciones criticando al Gobernador René Juárez Cisneros por inmiscuirse en la política interna de partidos. Declaró que las consideraciones éticas deben prohibir a funcionarios públicos, incluyendo al presidente, al gobernador y funcionarios municipales de involucrarse en las campañas políticas. También reenvió siete quejas relacionadas con violaciones específicas de las leyes electorales a la Procuraduría Especial Federal para Delitos Electorales. Los funcionarios del IFE se quejan de que hasta la fecha no han recibido información acerca del estado de avance de dichos casos.

En el distrito de Tlapa, funcionarios del IFE muestran preocupación acerca de la dificultad para la selección y entrenamiento de siete funcionarios de casilla requeridos para cada casilla electoral. Las comunidades indígenas distantes les presentan varios problemas logísticos. Factores tales como, el analfabetismo, la incapacidad de hablar o leer en español en algunas comunidades indígenas, una base electoral altamente inestable debido a niveles de migración tan elevados como el 60% de la población, las presiones a las mujeres por parte de sus maridos de declinar sus candidaturas, son un límite a la reserva potencial de personas calificadas. Además la ausencia de un sentido de responsabilidad cívica nacional así como también, la falta de remuneración en una región hundida en la pobreza desalienta el voluntarismo. Finalmente la dependencia en el nivel de educación como criterio para seleccionar a funcionarios de casilla, favorece a hombres bilingües y educados.

En las comunidades que visitamos, las entrevistas a residentes sugirieron un potencial fraude o al menos un mal manejo de las elecciones. En la comunidad Mixteca de Atlamajancingo del Monte, los funcionarios de casilla eran todos miembros o antiguos simpatizantes del partido dominante. Aparentemente una simpatizante del PRD, que había sido seleccionada, fue obligada por su marido a renunciar. También resultó que un funcionario de casilla era miembro del gobierno municipal. En la comunidad Nahua de Xalpatlahuac, el PRI dominaba completamente, varias mujeres que entrevistamos tenían temor a hablar abiertamente por el clima tan politizado. En las comunidades que visitamos, no encontramos ningún material educativo del IFE. Una suplente de funcionario de casilla no había recibido ninguna información del programa de entrenamiento. Además de estas impresiones anecdóticas, varios profesionistas que entrevistamos aseguraban que se podrían presentar muchas irregularidades en las casillas. El editor del periódico El Sur de Guerrero, por ejemplo, advirtió que la substitución de último minuto de funcionarios podría resultar un control partidista sobre las casillas.

2. Mal uso de fondos públicos

La preocupación más común que esta delegación enfrentó tuvo que ver con el mal uso de fondos públicos con fines electorales. Para muchos de nuestros informantes el simple hecho de que el gobierno distribuye fertilizantes a campesinos en el momento de elecciones les molestaba, a pesar de que es legal. Otros se quejaban de que los programas de gobierno eran manipulados para influenciar el voto. El PAN presentó dos quejas referentes a la distribución de fertilizante y de fondos de PROCAMPO y PROGRESA en las comunidades de Santa Catarina y Santa Marta. En la primera, un funcionario fue acusado de amenazar en interrumpir los fondos de PROCAMPO y PROGRESA a aquellas personas que no votaran por el PRI. En el segundo caso, un presidente municipal distribuyo fertilizante comprado por el gobierno a su propia tienda que estaban pintadas con anuncios electorales del PRI. Un funcionario local del IFE en Tlapa reportó que había atestiguado como un funcionario del PRI repartía dinero en una comunidad indígena. Hay reportes de problemas semejantes como distribución de bienes y servicios en municipios gobernados por el PRD. Fue difícil determinar que tan frecuentes son dichas prácticas. Las acusaciones que recibimos provinieron de las partes más accesibles del estado, pero escuchamos reportes de que tales acciones eran más comunes en regiones más pobres y remotas.

Quizá, más molesto sea la rápida rotación de políticos en puestos públicos a las campañas de partido y que vuelven a su puesto. Un caso, Héctor Popoca Boone, Secretario de Desarrollo Rural, tomo licencia de ausencia laboral para la campaña de F. Labastida sólo seis semanas antes de las elecciones. Los líderes de la oposición y los consejeros del IFE cuestionaron públicamente la posibilidad de que algunos campesinos beneficiados anteriormente por programas dirigidos por Popoca Boone no pudieran distinguir entre su antiguo papel como funcionario gubernamental y su desempeño actual como activista de partido. Esta controversia subraya la gran zona gris entre las prácticas que son ilegales y las que mientras no son claramente ilegales están relacionadas con el uso de ventajas y beneficios cuestionables.

3. Los medios

La democracia depende del acceso del electorado a la información equitativa acerca de los candidatos y el desempeño de los funcionarios beneficiados. En el estado de Guerrero, el acceso a cualquier tipo de información sobre candidatos es escaso para la mayoría de la población. Muchos de los pobres rurales, quienes comprenden el 70% de la población, no tienen electricidad y por ende no tiene radio o televisión. Entre aquellos con acceso a los medios electrónicos, las estadísticas condicionadas por el IFE acerca de las coberturas en los medios presentan escenarios combinados en los cuales el partido oficial goza de un tiempo desproporcionado, aunado a la calidad de cobertura en el radio, pero sin ventaja consistente en la cobertura por televisión.

Más allá del radio y la televisión, los medios impresos juegan un papel importante en el reporte sobre políticas y administración gubernamental. A pesar que la circulación de los medios impresos esta bastante limitada, el reportaje de investigación representa un importante medio para que los activistas políticos conozcan de cualquier desvío de funcionarios gubernamentales o activistas políticos. La delegación habló con cuatro reporteros locales y con el director del diario guerrerense El Sur. Todos sintieron que a pesar de una liberalización real en el control de los medios en años recientes permanecen aún serios impedimentos para el reportaje crítico. El gobierno continúa siendo la fuente de ingreso más importante para los medios impresos a través de la propaganda; por lo tanto, los diarios que reportan notas de críticas a gobiernos sufren económicamente. Por otro lado, los reporteros están de acuerdo de que las viejas prácticas en recibir dinero a cambio de artículos sesgados en favor del gobierno o el partido oficial han disminuido enormemente. Un problema serio para los periodistas de Guerrero, es el terror. Un periodista fue asesinado en Guerrero hace tres años y el crimen jamás fue resuelto. Todos los periodistas que entrevistamos, informaron haber recibidos amenazas anónimas al estar investigando noticias sensibles. Aunque ninguno dijo haber detenido su investigación para sus reportajes, si tomaron seriamente las amenazas. Más que la intimidación abierta, se da con mayor frecuencia el escenario en el que sus superiores los cambian de investigaciones con implicaciones explosivas. Los periodistas dicen que en respuesta a dichas presiones, varios de sus colegas se autocensuran. Aunque muchas de las amenazas y reprimendas contra periodistas son resultado de un clima de ilegalidad generalizado, más que debidas a campañas deliberadas de parte de funcionarios estatales contra los medios, el efecto sobre el reportaje periodístico es esencialmente el mismo.

4. Asuntos locales

La enorme población indígena de Guerrero (13%) —en su mayoría nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos- son los más marginados del estado. Su extrema pobreza, alta tasa de analfabetismo y escasa fluidez en español, agravan los problemas electorales a lo largo del estado. Los pueblos indígenas son percibidos como especialmente vulnerables a la coerción y compra del voto. Muchos carecen de acceso adecuado a la información y educación, por ende, presentan dificultades especiales encontrar funcionarios de casilla calificados. En muchas comunidades estos problemas se agudizan por altas tasas de migración, las cuales disminuyen considerablemente la población residente durante los meses en que los funcionarios de casillas son seleccionados y capacitados. Además, el proceso electoral está en conflicto con la tradición local en que los hombres ancianos seleccionan a los individuos a los puestos públicos y cívico religiosos. Las mujeres indígenas monolingües son especialmente marginadas del proceso político. Las mujeres tlapanecas con quienes hablamos parecían tener poca información sobre las elecciones. Los funcionarios del IFE hicieron énfasis en que los problemas son peores en las regiones altas y remotas, donde la militarización y la producción de droga se dicen ser comunes. Las regiones más aisladas requieren casillas extraordinarias adicionales, las cuales, a su vez, causan demoras en el procesamiento electoral.

5. La violencia y la militarización

Mientras que la militarización en Guerrero era mencionada frecuentemente como un asunto importante a lo largo de nuestras reuniones en la Ciudad de México, la presencia militar fue poco visible, en las áreas que visitamos. Los representantes del gobierno no contestaron nuestras preguntas sobre el impacto de la militarización en el clima electoral. Fuimos informados por periodistas que desde el establecimiento de campamentos de militares en las montañas desde hace dos años, la respuesta pública a girado del apoyo a la desaprobación. Los residentes nos dieron testimonio que cuando las guerrillas llegan a una comunidad, compran alimento y provisiones o les son ofrecidas por miembros de la comunidad, pero cuando los militares llegan, "ellos roban". También se nos informó que en algunas áreas los militares controlan a líderes comunitarios que a su vez controlan el voto del electorado local. Los reportes emitidos por organizaciones de derechos humanos que trabajan en el área que visitamos, nos sugieren que un patrón constante de abusos violentos contra residentes locales por parte de militares, policía judicial y policía municipal a contribuido a la desaprobación de la ciudadanía.

Dos miembros de partidos de oposición mencionaron la problemática de los encapuchados (hombres enmascarados y armados), quienes anteriormente fueron enviados por el gobierno para crear un clima de terror, que resultaba en un voto de miedo y en apoyo al partido en el poder o un alto abstencionismo. Sin embargo, ninguno de los declarantes creía que los encapuchados tendrán efecto en estas elecciones.

Conclusión.

Guerrero es un estado con una larga historia de pobreza y violencia, pero también con una distinguida historia de movilización cívica en defensa del voto. Los fraudes electorales en otros tiempos han provocado movimientos guerrilleros y disturbios públicos. Tal resistencia popular a sido confrontada con el aumento de la presencia militar y grupos paramilitares vinculados al partido oficial, acompañados por reportes de abusos a derechos humanos. Estas dinámicas ciertamente tiñen el proceso electoral, aunque han provocado discutiblemente votos de protesta así como también votos de miedo. La extensión de las reformas electorales a lo largo de los últimos años ha aumentado la confianza de los funcionarios de partidos y la ciudadanía en el proceso electoral. Como consecuencia, las elecciones más recientes han producido un número creciente de gobiernos municipales detentados por la oposición y menos incidentes de violencia política.