Guiados por los miembros de Alianza Cívica locales, el grupo de la Huasteca visitó dos municipios en la región: Huejutla (hidalgo) y Tamazunchale (S.L.P.). En ambas localidades visitamos las oficinas distritales del IFE igual que a varias comunidades urbanas y rurales. También visitamos oficinas gubernamentales y organizaciones civiles en cada localidad.

1. El IFE y la Administración Electoral.

Existen diferencias significativas en la perspectiva entre las oficinas federales y locales del IFE, de la misma manera, las diferentes oficinas del IFE llevan a cabo su trabajo. En Huejutla, los funcionarios del IFE poseían una larga historia de participación en el PRI y habían pertenecido al IFE desde 1991. Ellos expresaron poco interés en las condiciones electorales y los problemas potenciales. Cuando se les preguntó, los funcionarios del IFE dijeron que darían curso a las quejas que surgieran turnándolas a las autoridades pertinentes, pero no recabarían activamente esta información de las organizaciones civiles o de individuos. En Tamazunchale, la perspectiva era bastante diferente, los directivos tenían confianza en que los controles institucionales son muchos más efectivos que antes, pero expresaron preocupación sobre las irregularidades potenciales al nivel de comunidades rurales pequeñas. Específicamente mencionaron que la marginalización económica y la falta de educación hace muy difícil el reclutamiento de personas aptas al criterio para servir como funcionarios de casilla. Esto es un obstáculo potencial significativo para las elecciones libres y equitativas, pero el reconocimiento del problema por parte de la Directora permite al menos que ella lo acepte.

Nuestra delegación también se percató de que los materiales publicados por el IFE no se encuentran en otros idiomas más que en español a pesar de que muchas comunidades que visitamos tenían un número significativo de habitantes monolingües indígenas. Esto aparenta ser un serio obstáculo al sufragio informado para aquellos individuos. Encontrar a funcionarios de casilla que hablaran idiomas indígenas ayudaría a asegurar que todo el electorado esta adecuadamente instruido en los procedimientos electorales. Sin embargo, como lo hizo notar el Director del IFE de Tamazunchale, encontrar a bilingües quienes también tuvieran el potencial de ser funcionarios de casilla es muy difícil en algunas localidades.

Los votos nulos precipitados por ignorancia de los procedimientos electorales, o miedo de las consecuencias políticas, podrían ser un problema principalmente en las comunidades aislada, por ejemplo, en pequeñas comunidades al rededor de Tamazunchale, el presidente de casilla dijo que entendía los procedimientos electorales y nos aseguraba que no habría delitos ni irregularidades. Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre el asunto, el comento: "Mejor que se anule el voto que haya problemas". Irónicamente, él era legalmente incapacitado para servir como presidente de casilla, ya que actualmente tenía el puesto de tesorero municipal.

2. Coerción y compra del voto.

Nos encontramos la creencia común de que la compra del voto y coerción política son lugar común. Esto se realiza mediante el pago directo o mediante la manipulación de programas gubernamentales tales como PROGRESA. Mucha gente sospechaba que PROGRESA y PROCAMPO desaparecerían si el PRI no ganaba en Julio, mientras que otros informaron que habían sido amenazados con perder sus beneficios si apoyaban a un partido de oposición. Tales amenazas eran especialmente efectivas en las comunidades donde por su aislamiento lingüístico o geográfico, tienen acceso limitado a información o entre la gente pobre cuyos extremos de pobreza les hacen enormemente dependientes al pago por parte del gobierno. Esto fue el caso de las mujeres indígenas que vimos formarse para su pago en efectivo en la plaza de un pueblo. Varios informaron a un miembro de nuestro grupo que tenían la pérdida de estos pagos si el PRI no llegara a ganar la elecciones. Sin embargo, viendo a más extranjeros aproximarse comenzaron a hablar en náhualt entre ellos y no hicieron más comentarios.

En un pueblo cerca de Tamazunchale, una mujer priísta que sirvió como promotora local (coordinadora voluntaria para el programa PROGRESA) admitió que aquella mujer que no participara en la limpieza de la calle "voluntariamente" perdería su dinero de PROGRESA, después de la tercera ausencia (esto no había ocurrido todavía). Ella insistió en que el requisito fue algo sobre de lo que las mujeres locales estaban de acuerdo. Un grupo de mujeres de la comunidad que apoyan al PAN, se rehusaron a participar en la limpieza de la calle y como consecuencia fueron amenazadas con perder sus beneficios. Una de las mujeres panistas comentó que la intimidación era pesada. Ella estaba personalmente preocupada de que ellas le quitarán sus beneficios médicos porque no había participado. Esto le preocupaba, particularmente ya que tenía un hijo bastante enfermo. Ella sentía que la intimidación fuera resultado directo de su afiliación política. Las mujeres de la comunidad también reportaron que la promotora les había indicado votar por el PRI, una acción que borraba la distinción entre su papel como agente para el gobierno y como activista de partido.

También recibimos documentación indicando que el dinero de un programa gubernamental que vende maíz a precios subsidiado a gente pobre había sido canalizado a través del PRI local. La documentación incluye un recibo firmado por el presidente municipal (Ver Apéndice D) También se nos informó de 25 quejas relacionadas con asuntos electorales a través de una organización de derechos humanos, pero se nos hizo imposible conseguir copias de ellas. En general, encontramos difícil obtener evidencia directa de la compra y coacción del voto. Algunas de las personas con quienes nos reunimos estaban demasiados intimidadas para hablar de ello —tales como las mujeres indígenas que vimos en la plaza del pueblo. Otras expresaron su punto de vista de que esta práctica era generalizada. De tal manera que se nos dificulto apreciar que tan generalizado es el problema de la compra y coacción del voto en el área, pero hay una posibilidad definitiva y debería ser investigada más a fondo en futuras observaciones electorales.

3. Financiamiento de campañas.

Fue también difícil encontrar evidencia sólida respecto al tema del financiamiento de las campañas, ya que, puede hacerse muy poco para monitorear al nivel local el financiamiento. El caso citado anteriormente en que el maíz fue adquirido por el gobierno se le vendió a la población pobre por los representantes del PRI, levantó seria inquietudes acerca del desvío de recursos públicos con fines partidistas. Sin embargo, la compra y coacción del voto fue difícil de discernir también lo fue respecto a los desvíos.

4. Acceso a los medios.

En este tema también fue difícil recabar suficiente información, preguntamos a un periodista local en Huejutla si su diario monitoreaba la cobertura de noticias y anuncios partidistas, él dijo que lo hacían pero no revelaba los resultados de tal monitoreo. Los funcionarios del IFE al nivel local, parecían no tener nada que ver con el monitoreo a los medios. En Huejutla, los funcionarios del IFE resaltaron que de las dos estaciones de radio, una esta controlada por el gobierno y por lo tanto era más probable que favoreciera al PRI. La otra era propiedad privada pero ya que el PRI cuenta con la mayoría de los recursos, podía comprar más tiempo de transmisión y así esta estación también promovía más tiempo al PRI. Los funcionarios locales del IFE consideraron que el monitoreo de los medios sería del ámbito del IFE en la oficina del DF.

5. La militarización.

Había una notable presencia militar en la Huasteca, pero fue difícil juzgar su impacto general. Un funcionario del PRD en un municipio que visitamos expreso poco interés de la presencia militar en las comunidades aledañas, aceptando el argumento oficial de que están ahí para interceptar drogas o armas. Los funcionarios de la Secretaría Gobernación en la oficina de Huejutla dijeron que las fuerzas militares eran recibidas por las comunidades locales ya que los soldados provenían de las mismas comunidades, sin embargo, los residentes locales rebatían esta información. Un grupo de ciudadanos cerca de Huejutla emitió una demanda contra la oficina local de la SEGOB, para reducir la presencia militar en su comunidad. Otro grupo nos expresó su preocupación por la creciente presencia de militares en su pueblo. Estaban especialmente ansiosos respecto al hecho de que en un reciente enfrentamiento los soldados no portaban insignias visibles personales ni de rango o identificación de su unidad. Esto fue un asunto serio porque la ausencia de la identificación aumenta enormemente las posibilidades de que el personal militar actúe con impunidad.

6. Asuntos locales.

Los asuntos de la tenencia de la tierra han llegado al plano político y en algunos casos se han convertido en disputas partidistas violentas. En el caso de Hidalgo, los miembros de un ejido afiliados al PRI expulsaron por la fuerza a un grupo de miembros afiliados al PRD. 15 miembros de la fracción del PRD, incluyendo a un joven de 15 años fueron arrestados. Ninguno de los afiliados al PRI en el ejido fue arrestado. Los 128 miembros ejidales estaban siendo reubicados en campo de un municipio contiguo gobernado por el PRD. Por haber sido expulsados a la fuerza de su tierra, no podrán votar en su casilla electoral correspondiente. Ellos esperan que se asigne una casilla especial para que puedan acceder en su zona. Fuimos a ver su ejido para entrevistar a los miembros del PRI, quienes estaban del otro lado de la disputa, pero ninguno de ellos tuvo disposición de hablar con nosotros.

Conclusión

Encontramos evidencia de irregularidades de administración electoral, compra y coacción del voto, preocupaciones de financiamiento, de los medios, de militarización, del periodo preelectoral de México. Los problemas más serios parecen estar relacionados a la compra del voto y su legado continuo de prácticas políticas clientelares y paternalistas.

A pesar de estos asuntos también observamos varios aspectos positivos de las condiciones preelectorales de México, sobretodo, los niveles de conciencia y entendimiento de procesos políticos de mucha gente era notable. Mientras que no demostramos que este es el caso para todos los actores en el caso de la Huasteca, es claro que un trabajo significativo hecho por el IFE, los partidos políticos, las organizaciones civiles están siendo realizado para alentar la apertura política. La mayoría de la gente con quienes hablamos, sabían de la publicidad del IFE, de que su voto sería "libre y secreto"; aunque era incierto si todos sabían el verdadero significado de esta frase. Virtualmente cada uno con quienes hablamos nos dijo pretender votar el día de las elecciones, el nivel de conocimiento en referencia con los diferentes partidos era razonablemente alto. Varias personas habían escuchado el último debate presidencial y lo habían discutido en sus comunidades. No obstante las irregularidades, hay razones para ser optimista acerca del proceso electoral en la región Huasteca.