Las elecciones que se llevaran a cabo el día 2 de Julio del 2000, representan un momento histórico para México, por primera vez los mexicanos irán a las urnas a elegir a un presidente de acuerdo a procedimientos convenidos por todos los partidos y administrados por un órgano electoral autónomo, el Instituto Federal Electoral (IFE). Sobretodo, la intensa competencia política de los 15 últimos años ha culminado en una elección donde hay posibilidad real de un cambio en el partido que controla la presidencia. El presente reporte es un intento de apreciación de los prospectos para elecciones federales libres y equitativas restando menos de seis semanas antes de la elección.

El 19 de Mayo del 2000, una delegación de académicos y profesionales con experiencia en México, llegaron a la Ciudad de México por 10 días para realizar un estudio intenso de las condiciones y previas a la elección.

Procedemos de siete países incluyendo Estados Unidos, Canadá y Japón, y varios países de la Unión Europea. La delegación se organizó por Global Exchange, organización cívica establecida en Estados Unidos, con ayuda de Alianza Cívica, una organización civil mexicana.

El propósito de la delegación fue demostrar el apoyo internacional al pueblo mexicano en su esfuerzo de llevar a cabo un proceso electoral libre, equitativo y totalmente legítimo, para evaluar las preparaciones en curso para el día de las elecciones y las condiciones que las rodean así como, informar al público mexicano y al de nuestros países sobre nuestras observaciones.

Hemos sido escrupulosos para no interferir en el proceso electoral, no tomar posiciones de partido o plantear conclusiones más allá de nuestra competencia.

Gracias a la diligencia de la gente relacionada con Alianza Cívica y Global Exchange y a la cooperación de muchos mexicanos(as), desde funcionarios gubernamentales hasta representantes de partido e individuos ordinarios, hemos tenido el privilegio de aprender mucho sobre el proceso electoral en el transcurso de nuestra breve visita. Entre otras, hablamos con varios consejeros del IFE y del Instituto Electoral del Distrito Federal, la Procuraduría Especial Federal para Delitos Electorales, representantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para la vigilancia del uso de recursos públicos con propósitos electorales, representantes de los partidos PAN, PDS, PRD, y PRI, así como también miembros de la prensa, representante de organizaciones sindicales y otras organizaciones civiles. Además, los miembros de la delegación visitaron en grupos pequeños los siguientes estados: Chiapas, Guerrero, la región de la Huasteca en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán. Ahí nos reunimos con funcionarios gubernamentales incluyendo los funcionarios locales del IFE; con los representantes de los partidos políticos, con la prensa y con la sociedad civil campesina, indígena y mestiza. La delegación también realizó visitas comunitarias en los estados de Tlaxcala y México. En el apéndice "anexo" se enlista a los miembros de la delegación junto con su afiliación institucional y su país de origen.

El contexto de las elecciones del 2000.

México ha sido gobernado continuamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde su creación en 1929. Mientras ha persistido un grado de competencia durante su larga historia, el PRI dominó la escena electoral hasta los años 80’s. Las reformas electorales de 1977 comenzaron a abrir la posibilidad de victorias electorales genuinas para la oposición en aumento. El Partido Acción Nacional (PAN), con origen en 1939 fue el primero en disfrutar los frutos de dichos cambios. En 1963 el PAN ganó una elección municipal y controlaba cinco curules en la Cámara de Diputados, pero a finales de los años 80’s el partido había ganado varias alcaldías importantes y la gubernatura del Estado de Baja California y controlaba 38 curules en la Cámara de Diputados. Para finales de 1995, gobernaba aproximadamente 35.000.000 de mexicanos en los niveles municipal y estatal. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), se creó tras la tremenda desbandada en apoyo a la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Rápidamente emergió como un competidor genuino de los siguientes cinco años. Luego de las elecciones de 1997, el PRD fue la segunda gran agrupación política en la Cámara de Diputados controlada por la oposición y Cárdenas había sido electo Alcalde (Jefe de Gobierno) del Distrito Federal en la primer elección jamás llevada a cabo para dicha representación. Hoy en día, la arena electoral en México es más plural y competitiva que en ningún otro momento de la historia de la Nación.

La competitividad de las elecciones de México fue impulsada por los Acuerdos de Paz alcanzados por los partidos políticos tras el surgimiento de la rebelión zapatista de 1994. Los cambios legislativos que siguieron a los Acuerdos de Paz comenzaron una profunda transformación de las leyes electorales y órganos del Estado. Las violaciones electorales se volvieron delitos criminales por primera vez en 1990, pero la Procuraduría Especial Federal Electoral para los Delitos Electorales se estableció hasta 1994. Los consejeros civiles electorales fueron designados por mayoría absoluta del Congreso para vigilar el proceso electoral y se lanzaron nuevos procesos para asegurar la precisión del registro.

Las reformas de mayor alcance llegaron en 1996, cuando por primera vez, el Instituto Federal Electoral (IFE) adquirió su autonomía del Poder Ejecutivo del Gobierno. El IFE estableció un nuevo registro electoral junto con sistemas sofisticados para asegurar que dicho registro no pudiera ser usado para excluir electores o inflar el número de votos para un partido u otro. Se dispuso un nuevo sistema de selección de funcionarios electorales locales y las disposiciones en torno a la observación sobre el proceso de parte de los representantes de partido y ONG’s también fueron clarificadas. El Tribunal Federal Electoral se incorporó al Judicial por nombramiento, dependiendo del voto de dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Finalmente se revisaron las leyes del financiamiento de campaña en un intento por regular el gasto excesivo y nivelar el terreno entre los partidos. Los resultados de estos cambios fueron apreciados en las elecciones de 1997, las más competidas jamás realizadas en México. Las victorias de los candidatos de la Oposición en varias regiones del País produjeron un alto grado de confianza en el nuevo sistema y una idea de que la transición de México a un sistema democrático plenamente plural estaba en curso.

Sin embargo, todavía se presentan muchos problemas en el sistema electoral en sí y en el ejercicio amplio de la política en el país. Las reformas al nivel federal no siempre han sido emuladas por el nivel estatal, donde las leyes estatales determinan los procedimientos electorales por obra de los gobernadores, legislaturas estatales y las alcaldías. A pesar de que en muchos casos, el sentido de las elecciones al nivel estatal ayudan a inferir las expectativas de la gente en las elecciones al nivel nacional. Es importante que en este reporte nos centremos en la observación sobre las condiciones en torno a las próximas elecciones.

El clima político en México al momento de nuestra llegada era intenso. Un grupo de 100 intelectuales apenas había publicado su preocupación sobre el tono de la contienda electoral. Con los recientes sondeos sugiriendo que el candidato del PRI estaba perdiendo ventaja rumbo a la presidencia, ese partido reforzó su trabajo en busca de votos, incluyendo el uso de "lealtad" hacia dentro, esto es, que la burocracia estuviera obligada a participar en la campaña. El candidato del PRI instigó a los gobernadores "con lealtad" a ese partido para volcarse al esfuerzo y ganar la presidencia. Tanto los observadores de gente independiente como miembros de la oposición, creían que el PRI estaba extralimitándose entre la legitimidad de la campaña y el uso de recursos públicos con propósitos electorales. Los activistas del PRI, así como de otros partidos lanzaron acusaciones semejantes contra funcionarios estatales y municipales miembros de un partido opositor. Los miembros de nuestra delegación tuvieron la preocupación que estas acusaciones y contraacusaciones, así como el pronunciamiento de un aspirante a la presidencia en el sentido de que, sólo consideraría legitima la victoria del PRI si su candidato asegurara por lo menos el 10% de puntos sobre sus rivales, pudieran influenciar aún más a la de por sí muy desilusionada población mexicana con la política. Sin embargo, la atmósfera política no nos dejo con la impresión de una contienda electoral demasiado polarizada respecto con otras contiendas en otras democracias.

Las instituciones Electorales.

Las resientes reformas electorales y los avances tecnológicos han llegado a ser suficientemente confiables, dándole valor al sistema electoral más que nunca. Ciertamente, encontramos un alto nivel de confianza en el sistema de parte de los funcionarios institucionales y de las organizaciones sociales, especialmente referente a la preparación del proceso del sufragio y la tabulación de resultados. El IFE ha dedicado enormes recursos para asegurar la confiabilidad del registro electoral, credenciales de elector que se protegen contra el fraude, y procedimientos para la realización y tabulación de los votos para garantizar un proceso eficiente y limpio el día de las elecciones. Sin embargo, encontramos preocupación sobre características específicas del sistema que desestiman la confianza general entre los funcionarios medios de partido y la población en general. Además de esto no siempre estuvo claro que el público en general compartiera el entusiasmo y confianza que tienen aquellos directamente involucrados en el proceso.

Un ejemplo importante, esta relacionado con voluntarios para funcionarios de casillas, quienes vigilarán las urnas el día de las elecciones. El IFE ha dispuesto un programa intensivo de capacitación para los aproximadamente 800.000 ciudadanos requeridos como equipo de las 115.000 casillas a lo largo del país. Siendo seleccionados al azar, los voluntarios serán una extensa mayoría de estos funcionarios ciudadanos, indudablemente honestos y competentes el día de las elecciones, especialmente dados altos porcentajes de casillas que bien pueden estar vigiladas por representantes de dos o más partidos políticos y observadores independientes. Aunque las preocupaciones persisten de que en localidades en donde el poder a sido enormemente concentrado y tradicionalmente utilizado para intimidar a cualquier oposición, estos funcionarios electorales podrán quedar inermes contra e incluso bajo complicidad de actos de fraude electoral el día de las elecciones. En la contienda de 1997 hubo un alto número de substitución de voluntarios locales en las casillas electorales solamente a unos días de las elecciones, limitando el tiempo para la orientación apropiada y permitiendo sugerir que los individuos escogidos antes habían sido presionados para dejar su función a favor de otros que tenían el apoyo de líderes políticos locales. La manipulación de funcionarios de casilla es aún una posibilidad real de violación en varias comunidades rurales, pobres, donde el aislamiento, la pobreza y la presión social continúan convirtiendo al fraude electoral como una opción importante para aquellos que pretenden llevarlo a cabo.

El cambio en la cultura política que muchos de nuestro entrevistados esperan sólo vendrá o llegará si aquellos responsables de dichas violaciones electorales son señaladas y castigadas. Por lo tanto, una segunda preocupación más seria tiene que ver con un sistema legal más adecuado para sancionar —y así desalentar- los crímenes electorales de todo tipo. El FEPADE tiene escasos recursos para atender el problema. Con sólo 65 agentes legales. Una oficina permanente en la Ciudad de México y sólo cinco oficinas temporales regionales, el FEPADE no tiene los medios para dar seguimiento a cada queja que se genere. En este sentido, la escasa presencia del FEPADE a lo largo del país significa que aquellos con quejas deben encontrar otros medios donde denunciarlas, sobretodo, en una entrevista con el Director de la FEPADE dejó a nuestra delegación con la clara impresión de una actitud muy defensiva en lugar de un enfoque propositivo para la búsqueda y castigo de delitos electorales.

Además de estas preocupaciones sobre las deficiencias de las instituciones electorales en el manejo de evidencias de delitos electorales, nos pareció que el sistema legal no ofrecía suficientes oportunidades para que individuos puedan restituir sus derechos electorales al ser infringidos. No solo por la inexistencia de patrones observados del uso ciudadano del proceso legal vindicando los derechos electorales, sino por la amplia ignorancia de estos derechos y la ausencia de credibilidad en el proceso legal entre aquellos enterados de dichos derechos. Aparte de la reticencia natural de la gente a emitir denuncias, existen dificultades para hacerlo así como la posibilidad de represalias por parte de los acusados. Especialmente para la gente pobre, hacer denuncias implica el prospecto de verse involucrado con la policía, de miedo a ser señalado socialmente o a represalias más locales, al considerar que, habiendo actuado de tal manera les afectará su acceso a los programas de alivio frente a la pobreza. Varios entrevistados, incluso altos funcionarios, cercanos al proceso electoral, expresaron las razones: que llevar el proceso de queja no tiene ningún efecto, que las sanciones impuestas no prevendrían violaciones futuras, y aunque existen sanciones, los infractores muy probablemente persistirían en sus ofensas. No nos extraña en lo mínimo, por lo mismo, que pocas denuncias hayan surgido fuera de las fuentes institucionales, tal como el IFE y otras dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR).

El Tribunal Federal Electoral fue criticado por algunos de los que entrevistamos. Para nuestro conocimiento, el Tribunal no ha mostrado una inclinación clara en casos recientes. Sin embargo, muchos sintieron que a pesar de las garantías dispuestas por la aprobación del Congreso, los miembros del Tribunal mantenían demasiado estrechas sus interpretaciones sobre su mandato y la ley en cuestión. El hecho de que el Tribunal no ha honrado más de dos de las 320 quejas presentadas por Alianza Cívica después de las elecciones de 1994 dan peso a estas aseveraciones.

Nos preocupa que las principales agencias encargadas de las infracciones electorales -FEPADE y el Tribunal- ofrezcan poca confianza entre segmentos importantes de la población. El predominio de la ley en la aplicación al sistema electoral para asegurar la confianza de la ciudadanía es esencial —de lo cual hay múltiples evidencias de que muchos mexicanos no comparten la confianza que los líderes tienen en el sistema. La escasa confianza en el sistema es acumulada cada vez que la gente percibe como las infracciones a la ley quedan impunes. Los esfuerzos recientes para reforzar la predominancia de las leyes en relación con las elecciones son encomiables, pero tienen que ser extensivas. Algunas de las leyes introducidas en las reformas recientes, dan la apariencia de ser poco aplicadas: por ejemplo, aquellas referentes al uso de muros de la vía pública y sitios para propaganda electoral. Prácticas profundamente arraigadas no pueden eliminarse de la noche a la mañana. Mientras la ley este restringida a los libros sin ser aplicada en la gran mayoría de los casos, la población llegará lógicamente a la conclusión de que las autoridades electorales mismas no respetan la ley.

La Herencia del Clientelismo.

Las profundas preocupaciones expuestas por aquellos con quienes hablamos se referían al efecto constante de un sistema profundamente atrincherado de poder arbitrario y clientelismo político, en la cual el partido en el poder, el gobierno, y la Nación eran representadas como una sola y la misma. Bajo estas circunstancia los mexicanos llegaron a pensar acerca del PRI, como el único partido que garantizaría no sólo estabilidad política, sino también su propia seguridad personal y económica. Los programas gubernamentales se identificaron como trabajo del partido y de funcionarios públicos para hacer campaña por ese partido prometiendo más y mejores programas a cambio de un voto favorable. Los sindicatos afiliados al PRI, prometían empleos a cambio de la participación partidista en eventos proselitistas. Lideres políticos de zonas urbanas ofrecieron espacios para vendedores en la calle para comerciar sus mercancías, acceso a viviendas o terrenos residenciales así como servicios urbanos básicos en los asentamientos irregulares aumentando al rededor de las grandes ciudades; todo bajo la condición de que los receptores de dichos beneficios permanecieran leales al partido. En áreas rurales, las elites económicas también manipulaban el poder político, usando el fraude y la violencia electoral donde no pudieran generar los votos a través de algún otro medio.

Las viejas practicas del caciquismo aún no han desaparecido, aunque sean aparentemente menos predominantes. En visitas a los Municipios de Los Reyes y Chimalhucán en el Estado de México, los miembros de la delegación se enteraron que las elites económicas y jefes políticos (caciques) controlaban los votos de los vendedores ambulantes, por un lado, y a grandes proporciones de habitantes necesitados por otro. En Chimalhuacán, un funcionario del PRI atestiguo que el partido estaba dividido por las tácticas del cacique local, quien utilizaba a golpeadores para intimidar a miembros de partidos de oposición. El funcionario del PAN, en los Reyes, acuso a este mismo cacique de haber ordenado la golpiza y secuestro de un militante del PAN en Chimalhuacán.

Las reformas electorales de los años 90’s, así como los cambios dentro del PRI, han llegado lejos para romper con este sistema del poder atrincherado, pero no lo han eliminado ni tampoco a las expectativas asociadas con éste. Por lo tanto, el PRI sigue disfrutando aún las ventajas de estos beneficios de muchas maneras, muchas de ellas no ilegales, otras cuestionables desde el punto de vista de las leyes electorales de México, y otras claramente fuera de la ley. Las acusaciones abundan que funcionarios locales, estatales y federales han retenido el financiamiento de algún proyecto u otro, o detenido el abasto de algún bien u otro hasta el día de las elecciones, como parte de una campaña de persuasión al electorado de que solamente el PRI puede entregar estas obras. En muchos casos hay denuncias de que los votantes coercionados con la amenaza directa de que se les negara la participación en un programa u otro si no votan "apropiadamente". Un estudio riguroso realizado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados demuestra claramente que dichas prácticas prevalecieron en la contienda más reciente por la gubernatura del Estado de Nayarit. Un reporte realizado por Alianza Cívica ofrece evidencia estadística de los efectos que los programas de asistencia gubernamental están teniendo sobre las percepciones y preferencias políticas. (Ver Apéndice A).

Para nosotros no fue difícil encontrar ejemplos de mal comportamiento político. En el Estado de México, Municipio del Valle de Chalco, un grupo de nuestra delegación tomó fotografías de obras públicas sin terminar con propaganda diciendo, "Quieres ver mayor pavimentación aquí, vota por el PRI". Otro grupo tomó testimonio de los residentes de Santo Tomás de los Plátanos respecto del almacenamiento de cemento en una bodega municipal por un candidato a la Cámara de Diputados que evidentemente pretendía distribuir como preventa política al electorado local. En Naucalpan, otro grupo escuchó a un empleado de la Secretaría de Educación Pública quien dijo que a los maestros se les había ofrecido cinco días de vacaciones y $500.00 de parte de sus superiores si distribuían materiales proselitistas del PRI. En otros casos, hubo individuos que denunciaron ser presionados para asistir a eventos financiados por el PRI, por los funcionarios encargados de los programas de asistencia a la pobreza. En el Municipio de Huantla en el Estado de Tlaxcala, escuchamos de parte de tres mujeres decir que la promotora local para el programa antipobreza PROGRESA las había eliminado de la lista de beneficiarias por no haber asistido a una reunión con un candidato del PRI. En los Reyes, Estado de México, funcionarios de partidos de oposición se quejaron que el gobierno local del PRD había utilizado recursos públicos para pintar un gran anuncio de campaña en una ladera pública a la vista de toda el área. A pesar de que no pudimos confirmar ninguna de estas acusaciones, dichas quejas parecieron con suficiente frecuencia para ser un asunto a considerar. Como lo indica la queja en Los Reyes la Paz, hay evidencia de que dichas prácticas no son exclusivas del PRI, sino también ocurren bajo gobiernos de oposición lo que sugiere que estas prácticas políticas en México están profundamente arraigadas.

México entra en esta temporada electoral como en otras ocasiones, con el gran peso de la pobreza e incertidumbre económica que son producto de décadas de desarrollo desigual, la crisis de la deuda tan absorbente de los años 80’s y el fracaso de las reformas neo-liberales de los años 90’s que promovían crecimiento constante y equitativo. Unos 43.000.000 de mexicanos viven en pobreza según cifras de Naciones Unidas y 18.000.000 viven en extrema pobreza. El número de gente clasificada como analfabeta funcional a crecido en los últimos años. Al mismo tiempo, la explosión económica de los años 90’s, alentó las prácticas bancarias más bajas causando quiebres masivos en todos los sectores de la población que apresuraron un rescate bancario masivo y controversial.

Por lo tanto, los enormes antecedentes económicos son el desafío para los contendientes en esta elección. Las necesidades materiales urgentes, la escasez de empleos seguros y la situación precaria de trabajadores agrícolas le generan a los pobres la vulnerabilidad a ser manipulados por el gobierno y por sus funcionarios de partido quienes poseen el poder para lograr que este o aquel programa asistencial continúen sirviendo a un individuo o comunidad dada. Las mujeres pobres son particularmente vulnerables. Nos encontramos muchas mujeres valientes y expresivas en nuestra visita, pero también nos reunimos con mujeres quienes por restricciones tradicionales o necesidad desesperada, eran vulnerables a la manipulación por los funcionarios de gobierno o representantes de partido.

A pesar de los considerables avances alcanzados con la nueva maquinaria electoral, la manipulación del voto en el día de las elecciones es una posibilidad en muchas comunidades pobres y rurales. A continuación discutimos la evidencia de las posibilidades de manipulación de voto y de uso irregular de recursos públicos con propósitos electorales en cada uno de los reportes por estado: Debe prestarse atención especial en las comunidades pobres y más aisladas, así como también en distritos muy competidos para asegurar que las casillas electorales sean monitoreadas de cerca el día de la elección por representantes de partido y observadores independientes.

Violencia Política, Militarización y Abusos a los Derechos Humanos.

La mayoría de los intentos por influencia el voto a través de programas gubernamentales ocurren en comunidades pobres, particularmente en áreas rurales. Es también aquí donde tradicionalmente una gran incidencia de violencia política de todos los tipos se ha encontrado. Los caciques locales han empleado la violencia por su propia mano en disputas dentro del mismo partido oficial y como medio para aplastar a la oposición. El crecimiento administrativo del Estado Mexicano a lo largo de los últimos 50 años ha reducido parte del poder de estas elites locales, pero el fenómeno persiste en varias partes del México rural. O sea, donde persista esperaremos que la política electoral sea distorsionada a pesar de los esfuerzos admirables tras la reforma llevada a cabo desde 1996.

En muchas partes del país, particularmente en estados del sureste, para los pobres de las zonas rurales es más probable encontrar una extensa presencia militar y una historia resiente de violencia y abuso por parte de las autoridades. En Chiapas el movimiento zapatista que emergió en 1994, se ha enfrentado con operaciones militares de gran escala, siendo cada vez más los campamentos permanentes.

En otras partes, particularmente en Guerrero, Oaxaca, partes de Hidalgo, Puebla y Veracruz, el agudo aumento de la presencia militar y otras fuerzas de seguridad precedieron a la aparición de movimientos guerrilleros.

Hoy en día, en las zonas rurales de estos estados, los militares y otras fuerzas aparecen regularmente sobre las carreteras montando retenes o buscando campesinos mediante redadas violentas en sus casas. Comúnmente, la explicación de tales acciones es la búsqueda de narcotraficantes, algunas veces puede ser la amenaza de guerrilla, pero las denuncias de abusos de derechos humanos, por lo regular acompañan el aumento en la presencia militar y policiaca. Parece indudable que estas actividades intimidan a votantes potenciales quienes identifican a las fuerzas de seguridad con el partido dominante. Existe también amplia evidencia que la presencia de las fuerzas de seguridad ha contribuido a una atmósfera de polarización en el campo y a un surgimiento de grupos paramilitares percibidos generalmente como aliados con el PRI.

Los abusos de derechos humanos que han acompañado las frecuentes operaciones de seguridad en partes del México rural han sido dirigidos hacia miembros de partidos de oposición. El PRD afirma que aproximadamente 600 de sus lideres y militantes han sido asesinados desde la fundación del partido en 1989. Otros partidos, incluyendo el PRI, también han sufrido los efectos de la violencia política. En muchos casos, una atmósfera de impunidad rodea estos asesinatos. Tomando sólo un ejemplo, en el caso de la masacre de campesinos miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en Aguas Blancas, Guerrero, en Junio de 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dependiente del gobierno encontró al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer como responsable de los asesinatos. Aún y a pesar de la consignación exitosa de los funcionarios involucrados en el ataque, Figueroa nunca ha sido llevado a juicio. De igual manera, a pesar del hecho de que la Comisión a documentado un gran número de casos de abusos cometidos por soldados y oficiales militares ante las cortes militares, no más de uno o dos oficiales han sido consignados. El aura de impunidad que rodea a varios crímenes podría provocar descontento de la población y "voto de protesta" de parte de algunos, pero es probable que también se empantane la militancia política y la participación electoral, entre muchos otros.

El uso de los medios masivos de comunicación.

Los observadores electorales, comenzando con Alianza Cívica, han sido pioneros del análisis referente al reportaje en los medios de candidatos políticos. Este trabajo a sido retomado recientemente por el IFE, que ha realizado grandes sondeos de cobertura, tanto de prensa como de medios electrónicos. Su preocupación surge a partir de la larga asociación de los principales medios con el gobierno mexicano y el amplio control que éste último ejerce sobre reporteros y editores. Los reportes recientes en la rama del monitoreo del IFE sobre los medios, demuestran que la cobertura nacional en radio y televisión ha sido mucho más equitativa que en el pasado, tanto en términos del tiempo dedicado a cada uno de los principales candidatos a la presidencia como en términos de la calidad de la cobertura. Sin embargo, en el reporte del mes de abril se muestra una fuerte tendencia a favorecer al candidato del PRI, justo cuando la posición predominante de ese candidato comenzaba a decaer. (Ver Apéndice B.) en el ámbito local, como se demuestra por el reporte más detallado de las delegaciones por estado, la cobertura es más sesgada. En estas zonas los anuncios gubernamentales continúan siendo las fuentes más grandes de ingreso virtualmente para todos los periódicos, siendo escogida por los funcionarios de gobierno como una fuente significativa de influencia. La intimidación y la violencia también han sido frecuentes, especialmente contra escritores que reportan historias de abuso de derechos humanos y violencia política.

Otro asunto de preocupación fue la negativa de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), a honrar la vieja práctica de transmitir al aire spots publicitarios gratuitos de educación cívica del IFE. La CIRT ofreció una explicación bastante forzada de que el IFE ya no era agencia del gobierno y por lo tanto perdió derechos de transmisión gratuita. El Consejo Federal del IFE apeló ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la cual vigila las licitaciones a los medios, para que interviniera, pero la SEGOB se negó a involucrarse. Como resultado de su negativa la controversia se alargó por dos meses sin que el IFE pudiera pasar al aire los spots alertando al electorado para resistir la coerción y compra del voto. Un acuerdo parcial ha permitido que los spots pasen al aire, pero la resolución final permanece en manos de las Cortes.

Financiamiento de Campañas.

México a dado pasos significativos en la regulación del financiamiento a campañas. Hay financiamiento público para todos los partidos registrados, los cuales han permitido acceso de recursos a los partidos pequeños y a aquellos con menos financiamiento privado y en particular a los que tienen menos acceso a los medios que normalmente no tendrían (el IFE vigila también la venta y disponibilidad de tiempo aire, asegurando un grado de equidad en campañas transmitidas en los medios). Las reformas electorales también establecieron topes globales en gastos de campaña y límites en donaciones privadas. A pesar de estos avances, aún permanecen huecos legales significativos. Los límites para donaciones de particulares son bastante altas —cerca de $80.000- reforzando una situación en la que los ricos tienden a tener mayor acceso a los políticos. Además, mientras la ley especifica límites para una donación de campaña, los candidatos pueden recolectar donaciones en eventos públicos las cuales no están reguladas. No hay un monitoreo de donaciones privadas; a los partidos y a los candidatos se les requiere presentar sus libros sólo hasta después de las elecciones y las sanciones a las violaciones de los límites de financiamiento de campañas incluyen multas pero no la destitución del cargo público. Esto parece constituir serios límites en la efectividad de las regulaciones de financiamiento de campañas. Finalmente, algunos ven la fórmula usada para la asignación de fondos públicos a partidos políticos como inequitativa, ya que 70 por ciento de los fondos públicos son distribuidos entre los partidos según la proporción de votos obtenidos en las últimas elecciones, mientras que sólo el 30 por ciento es distribuido equitativamente entre los contendientes.

Además de contribuciones monetarias, los partidos políticos derivan beneficios substanciales por el control sobre tipos de recursos. Nuestra delegación encontró evidencias de que personal gubernamental y los recursos públicos eran utilizados con propósitos de actividades de campaña proselitista violando las leyes electorales. Por ejemplo, en Chalco Solidaridad, Estado de México, el gobierno municipal había pintado un largo dique con múltiples anuncios apoyando al candidato del PRI. En otros lugares escuchamos reportes sobre vehículos gubernamentales siendo utilizados para transportar acarreados a eventos o actos proselitista a eventos o actos proselitista. El gran acopio de cemento encontrado en Santo Tomás de los Plátanos resultó involucrado como uso de recursos públicos con propósitos partidistas.

Observadores electorales.

Las reformas electorales de 1994 y 1996, reconocieron la nueva figura de observadores electorales acreditados, tanto nacionales como internacionales, aceptados de mala gana. (Los observadores internacionales son designados como "visitantes extranjeros" en lugar de "observadores electorales internacionales".) Ambos observadores, nacionales y visitantes extranjeros, se les permite monitorear prácticas electorales y estar presentes en la casilla electoral para observar el proceso en función. El IFE acredita y da la bienvenida a ambos. Sin embargo, en el caso de los visitantes extranjeros, el Instituto Nacional de Migración (INM) debe expedir la visa especial FM-VE, para permitirles "que vengan a conocer el proceso electoral".

Nuestra propia experiencia cuestiona la voluntad del gobierno en cumplir las disposiciones de la reforma electoral que hace posibles visitas como la nuestra. Mientras el IFE da la bienvenida y rápidamente acreditaba a los miembros de nuestra delegación, los funcionarios en los consulados y el INM no fueron tan complacientes. Por ejemplo, el IFE, declaro el periodo de observación electoral abierto desde el 20 de Diciembre de 1999. Pero el INM no había puesto en marcha el proceso para solicitud de visas FM-VE sino hasta Abril. Cuando ya habíamos solicitado las visas muchos de nosotros notamos un servicio eficiente y cortes, pero en algunos consulados los miembros de nuestra delegación se encontraron con demandas inconsistentes de información, demoras frustrantes y una necesidad de múltiples visitas para completar el proceso. Tres miembros del grupo se vieron forzados a cancelar su visita y uno entro bajo visa de turista y solamente hasta llegar a la Ciudad de México pudo recibir la Forma Migratoria apropiada, gracias a la cobertura crítica de la prensa y los esfuerzos del personal del IFE. Lo más inconcebible fue la expulsión del organizador de la delegación, Ted Lewis, cuando intento entrar con una visa de turista para completar el trámite en México y obtener la visa FM-VE. A pesar de las protestas del IFE, Alianza Cívica y la prensa, al Sr. Lewis no se le ha permitido regresar a dirigir la delegación.

En lo que resta de este reporte, discutimos muchos temas en el nivel estatal y local de las regiones que visitamos. La conclusión subraya áreas de consideración particular.