El grupo Global Exchange/ Alianza Cívica estuvo formado por cuatro académicos, un abogado y un miembro del personal de Global Exchange. Por varios días, el grupo llevó a cabo la observación en del proceso electoral en zonas urbanas seleccionadas dentro del estado. La organización en Mérida Frente Cívico Familiar programó reuniones con representantes de partidos políticos, ONG’s y funcionarios electorales, así como también ciudadanos de la capital, Mérida y de numerosos pueblos del Sur y Este de la capital. Antes de regresar a la Ciudad de México, el grupo ofreció una conferencia de prensa para presentar su reporte preliminar de las observaciones.
La situación actual de la política y economía yucateca comparte semejanzas con otras regiones de México, aunque presenta ciertas características distintivas. El gobernador esta afiliado al PRI. Las mayorías de las legislaturas y presidencias municipales también son gobernadas por miembros de ese partido. Por otro lado Mérida, la capital y la ciudad más grande, esta controlada por el PAN, el cual también domina varias presidencias municipales. El PRD tiene un perfil menor en el estado aunque controla varias presidencias municipales. Aproximadamente tres quintas partes de la población viven en hogares en los cuales uno o más miembros adultos hablan lengua maya. La pobreza es particularmente alta en zonas agrícolas, una circunstancia tiene influencia en el proceso de toma de decisiones políticas de un elevado porcentaje de la población. La mayoría de los individuos que entrevistamos destacaron que la militarización no representa un gran obstáculo en Yucatán. El grupo no tuvo los medios para evaluar el financiamiento de o el acceso a los medios de comunicación y por ende nos concentramos en la organización y la administración del proceso electoral y sobre problemas relacionados con la compra y coerción del voto.
1. El IFE y la administración de las elecciones.
A pesar de los grandes esfuerzos del IFE de diseminar información, capacitar a los funcionarios de casilla y vigilar el proceso electoral en general, algunos de nuestros entrevistados expresaron su frustración con los limitados mecanismos y recursos al alcance de los niveles local y distritales para garantizar las elecciones libres y equitativas. En el momento de nuestra visita a finales de Mayo, los el IFE local no había transmitido spots publicitarios en lengua maya o en español con "acento regional", aunque tenía planeado hacerlo. Los materiales impresos con la usanza local estaban aún en etapa de elaboración. Es importante notar que el maya yucateco es más hablado que escrito, lo cual refuerza la importancia del alcance por otros medios que los escritos.
La selección, capacitación y participación de los funcionarios de casilla también surgió como área de interés. Durante nuestra visita, el IFE capacitaba a potenciales funcionarios de casilla quienes habían sido seleccionados a través de un sistema aleatorio a escala nacional. La oficina local del IFE intenta reducir la tasa de rechazo y abstencionismo de los funcionarios de casilla. Mientras que la tasa de rechazo en general para el estado alcanzo 25% en 1997, el nivel fue mucho mayor en los distritos (por ejemplo, el Distrito III) donde permanece como preocupación particular del IFE. También encontramos en un distrito que visitamos que individuos habían recibido la primera ronda de capacitación, como resultado de una confusión sobre los procedimientos de selección de los potenciales funcionarios de casilla. De mayor preocupación fueron los informes de individuos que afirmaban ser presionados para ausentarse del proceso de selección de funcionarios de casilla por parte de los simpatizantes del partido dominante.
Además de ciudadanos funcionarios de casilla, cada partido político espera tener presencia en las urnas como lo establece la ley. Los representantes, tanto del PRI como del PAN. Planean cubrir todas las casillas electorales, mientras que el PRD espera elevar su cobertura de aproximadamente una mitad de los distritos en el estado a un mayor porcentaje en las elecciones federales de este año. Los partidos son responsables de la capacitación de su propio personal y deben proporcionar una lista de nombres al IFE, aproximadamente dos semanas antes de las elecciones. No hubo quejas de los partidos ante el IFE sobre mala ubicación de las casillas en el estado que ascienden a un total de casi 1900.
A pesar de las aseveraciones frecuentes, de irregularidades electorales, al momento de nuestra llegada sólo 10 denuncias de delitos electorales habían sido procesadas, aunque se nos informó que se esperaban más en el futuro próximo. Todas estas quejas habían sido hechas por partidos políticos (nueve del PAN y una del PRI). Mientras los representantes estatales del PRI nos sugerían que los grupos de oposición usaban denuncias infundadas como medio para hostigar a ese partido, otros con quienes hablamos expresaron preocupación de cierto temor de contra ataque, ignorancia sobre procedimientos apropiados de denuncia de delitos e irregularidades electores y apatía en relación con la alta razón costo-beneficio de dar seguimiento a denuncias y una falta de confianza generalizada en el proceso que se genera una vez que la denuncia se levanta, había socavado las denuncias de irregularidades electorales.
2. Coerción y compra del voto.
El potencial de manipulación directa de las casillas a través de compra de votos o por ausencia de las boletas aparentemente se había reducido en Yucatán por cambios en las leyes electorales en años recientes. Sin embargo, la privación del voto y la independencia a presiones aún son preocupantes. Nuestra observación de "ceremonias" de entregas de PROCAMPO en Oxkutzcab y Ticul indican la manera en que estos recursos que se distribuyen proporcionan influencias para el partido beneficiado. La distribución de PROCAMPO en Yucatán en este año se adelantó a mayo y miles de agricultores fueron llevados a las grandes localidades a recibir su subsidio y a escuchar al gobernador en su discurso. Anuncios que colgaban de edificios municipales daban gracias de parte de la población local al Gobernador Cervera por programas tales como PROCAMPO, PROBECA y PROGRESA. La conexión de estos programas o eventos en la compra y coacción del voto es documentada en un estudio reciente de los 28 municipios yucatecos realizado por el Frente Cívico Familiar (Ver Apéndice A). Los resultados del estudio indican que en más de la mitad de los municipios, a los pobladores quienes reciben materiales de apoyo del estado como animales de cría y maquinaria, desayunos escolares, bicicletas, máquinas de coser o medicinas, se les pide votar por el partido beneficiado como muestra de gratitud por los obsequios o recibían amenazas de que perderían su material si gana la oposición. El reporte del FCF, también informa que en 68% de los municipios estudiados, la distribución de los bienes sociales favorece a los miembros del partido en el poder. Nuestros entrevistados sugieren que el mal uso de fondos públicos con fines partidistas había venido ocurriendo en municipios controlados por la oposición también.
Nos informaron que la franja divisoria entre los bienes de servicios gubernamentales y la promoción inapropiada de la fortuna del partido oficial en las casillas había sido estrechada de varias maneras. Estás incluyen, aunque no se limitan a, que los funcionarios gubernamentales dicen a los receptores de PROCAMPO, PROBECA, PROGRESA y pensionados de gobiernos que su participación a estos programas esta condicionado a su apoyo al partido oficial o que la pérdida del PRI en las siguientes elecciones obligaría a excluirlos del programa. También recibimos informes de que algunos mayas que recibieron beneficios de PROCAMPO en ceremonias grandes se percibían así mismos como estableciendo para bien de sus comunidades un contrato público con la obligación de votar por los candidatos del PRI. Los entrevistados y representantes de organizaciones también destacaron que la naturaleza y temporalidad de la distribución de beneficios algunas veces fracasa en coincidir con objetivos y directrices del programa oscureciendo aún más la distinción entre política gubernamental y partidismo electoral. Finalmente según varias fuentes los empleados con contratos de gobierno estaban siendo presionados a reclutar simpatizantes para el PRI a través de sus redes profesionales. En Yucatán, la Red Humana Rural 2000, relacionada con trabajadores agrícolas a quienes se les pide promover candidatos del PRI a puestos nacionales entre campesinos a quienes ofrecen servicios y apoyos, y se les exhorta a formar una lista de reclutas potenciales para actividades de campaña y la jornada electoral (Ver Apéndice B) estas listas después se revisaban con regularidad con la amenaza de que a los trabajadores que no cooperaban iban a perder sus contratos.
A pesar de la clara evidencia de presión política y esfuerzos de compra de voto, muchos entrevistados insistieron que el voto no podía ser coercionado o comprado. Ellos votarían por quienes se sintieran identificados. Hasta los campesinos que participaban en PROCAMPO y otros programas de asistencia gubernamental indicaban que no tenían ninguna obligación de votar por el PRI. De aquí, que sea difícil predecir con certeza que tanto surte efecto los ejemplos existentes de manipulación electoral tengan en la cuenta real de los votos.
Conclusión.
El proceso electoral en Yucatán refleja los desafíos y contradicciones que caracterizan a México en general en este momento. Estábamos muy impresionados por la vitalidad política en Yucatán incluyendo la extensa conciencia del derecho al voto libre y secreto, y la creciente atención puesta sobre las maneras en que este derecho podía defenderse. A pesar de varios avances en la administración de elecciones libres y equitativas y del alto nivel de competencia en algunos distritos, aún permanecen varias áreas de interés, la más importante es el uso de tácticas de presión para influenciar tanto el proceso electoral como el comportamiento individual del electorado en áreas económicamente marginadas del estado que deben ser atendidas. Además, la autonomía y autoridad del IFE debe respetarse por todos los partidos y sus programas de alcance e información deben llegar a toda la ciudadanía en una forma bien sincronizada. Finalmente si las leyes electorales y reglamentos deben tener un efecto práctico, el proceso mediante el cual las denuncias son recibidas y procesadas en consecuencia, deben ser accesibles y efectivas.