El comienzo

(article in Spanish)

La historia

Aunque los grupos paramilitares o de autodefensa fueron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución van quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios.

El origen de estos grupos, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de la década de los ochenta, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla.

Pablo Escobar, uno de los capos narcotraficantes creadores del MAS. Foto SEMANA
El MAS surge en 1981 cuando no se había producido la guerra entre los carteles de Medellín y de Cali. El antecedente es el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el hecho que les da la justificación para su conformación fue el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de varios de los integrantes del cartel de Medellín, los hermanos Ochoa, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.

Narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes lideraron la compra masiva de predios rurales, crearon los primeros grupos en defensa de sus propiedades como, por ejemplo, el MAS en el Magdalena Medio, sobre todo en Puerto Boyacá.
A partir de 1982, las muertes se incrementaron dramáticamente en esta región. Las denuncias de los sectores afectados originaron, a principios de la administración de Belisario Betancur (1982-1986), una investigación de la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. (ver informe y conclusiones de la Procuraduría)

Las conclusiones de las primeras investigaciones, reveladas a la opinión pública por el Procurador Carlos Jiménez, señalaban a los paramilitares como los principales responsables de la intensificación de la violencia, con el apoyo de miembros activos del Ejército y la Policía. (Escuchar audios de Nelson Lesmes, Pablo Emilio Guarín, Luis Rubio)

Luego de expulsar a la guerrilla de la zona sur del Magdalena Medio, utilizando una táctica que evitaba al máximo los enfrentamientos directos con las estructuras armadas y, en cambio, atacaba el eslabón más débil, representado en las redes de apoyo, grupos seleccionados de los paramilitares que operaban allí, ayudaron a entrenar a otros semejantes en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari en el Meta. Con la extensión del modelo Puerto Boyacá a otras regiones del país, los grupos paramilitares experimentaron su primer gran impulso, reflejado en el elevado número de asesinatos y masacres que realizaron.

Hacia mediados de la década del ochenta, los acuerdos de conveniencia entre la guerrilla y el narcotráfico, que por tiempo prolongado se mantuvieron en áreas de producción de coca, ubicadas sobre todo en el suroriente del país, se rompieron por las contradicciones que surgieron en el proceso de fortalecimiento del aparato militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. El grupo guerrillero trató de imponer a los narcotraficantes sus condiciones, el pago de “impuestos” y el reconocimiento de su predominio.

Las disputas en torno a la coca, que se uníeron a las que tenían lugar para neutralizar la extorsión y el secuestro de la guerrilla, explican en buena medida el fortalecimiento de los grupos paramilitares bajo la sombrilla del narcotráfico en estos años. Si bien el trasfondo es un enfrentamiento entre grupos armados ilegales, hay que tener en cuenta que los narcotraficantes, a través de los paramilitares no combatieron directamente a las guerrillas sino que lo hicieron atacando a sectores de la población que consideraban sus apoyos. De esta forma, en las zonas donde los desacuerdos eran más fuertes, se desataron verdaderas oleadas de violencia.

Jacobo Arenas, líder histórico de las Farc. Foto SEMANA
En las zonas donde los narcotraficantes invirtieron en tierras, buscaron evitar las exigencias económicas de las guerrillas y los intentos de secuestros. Esto coincidió con la generalización del MAS en las zonas rurales y en lo esencial este esquema quedó apropiado por un ala del cartel de Medellín cuando se produjo la ruptura y posterior guerra con el cartel de Cali, liderada por Gonzalo Rodríguez Gacha.

Hacia finales de la década del ochenta era evidente que las autodefensas habían sufrido una profunda transformación en coincidencia con el auge del narcotráfico, factor que se expresó en un enorme poder ofensivo. Una investigación realizada por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en 1987 estableció que las masacres ocurridas en la región de Urabá, ejecutadas por una organización con asiento en el Magdalena Medio, en alianza con otra ubicada en el departamento de Córdoba, tuvieron como autores intelectuales a reconocidos "capos" del narcotráfico.

Masacre de La Rochela, ocurrida en 1989. Foto SEMANA
De otra parte, la masacre de la Rochela, ocurrida en enero de 1989, en el bajo Simacota, donde un grupo armado atacó y asesinó a los integrantes de una comisión judicial que investigaba las masacres y los asesinatos que se venían cometiendo en el Magdalena Medio, demostró que la acción de las autodefensas se podía dirigir contra agentes del Estado.

En la administración Barco (1986-1990), en medio de la persecución al narcotráfico, el gobierno se percató del peligro que representaban estas estructuras, convertidas en ejércitos de la mafia en pleno proceso de expansión. En consecuencia, en 1989, el presidente Barco, mediante la derogatoria del Decreto 3398 de 1965, declaró ilegales a las autodefensas. Este mismo año, es muerto por la policía Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los principales responsables de la violencia en los años ochenta.

Entre 1988 y 1991 se impone una tendencia ascendente en los asesinatos de civiles. Entre las víctimas, se encuentran funcionarios del Estado, dirigentes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), de los partidos tradicionales, miembros de sindicatos y de organizaciones sociales. Los autores de dichos asesinatos tenían una clara procedencia de estructuras asociadas con el narcotráfico.

Para entender este gráfico es importante tener en cuenta que, aun cuando en la mayoría de los asesinatos cometidos por actores organizados no se conoce con certeza el autor, la relación entre registros más altos de muertes y los momentos en que los grupos paramilitares adquieren mayor protagonismo, es evidente.

De este modo el surgimiento de los grupos paramilitares en los años 80 coincide también con la oposición de los “liderazgos regionales asociados con el narcotráfico” al proceso de paz de la administración Betancur y a los liniamientos seguidos por el gobierno Barco.

Fuentes:

* Fernando Cubides (1998). "De lo privado a lo público en la violencia colombiana: los paramilitares", en: Arocha, Jaime, et al. (comps.), Las violencias: inclusión creciente, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
* Carlos Medina (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá, Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos.
* Alejandro Reyes. (1991). “Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias”, en: Análisis Político, núm. 12, enero-abril.
* Darío Betancourt y Martha García Contrabandistas, Marimberos y Mafiosos. Historia social de la mafia colombiana (1965 – 1992). Bogotá, Ed Siglo XXI.
* Daniel Pécaut. “Colombia en la Tormenta.” En:. Crónica de cuatro décadas de política colombiana. Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2006.
Mauricio Romero. Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. Bogotá: Editorial Planeta – IEPRI, 2003.
* Mauricio Romero. Democratización política y contra reforma paramilitar en Colombia. En: Bull. Inst. Fr. Études Andines Vol. 3., No. 29. (2000)
* Mauricio Romero. Élites regionales, identidades y paramilitares en el Sinú. En: PEÑARANDA, Ricardo y GUERRERO, Javier (compiladores). De las armas a la política. Bogotá: IEPRI- TM Editores, 1999.